En materia de agua, el Gobierno se ha fijado dos claros
objetivos para 2014, el año con el que arrancará la segunda mitad de la
legislatura. El primero de ellos es
avanzar en los planes hidrológicos de cada cuenca de España, lo que permitiría
ir hacia el Pacto Nacional del Agua y la formulación de un nuevo Plan
Hidrológico Nacional antes de que acabe la legislatura. El segundo, modificar
la Ley de Aguas a lo largo del año para potenciar la depuración, un sector en
el que la inversión privada está siendo cada vez más importante. Sobre ambas
cuestiones han hablado en los últimos días los más altos cargos del ministerio
competente.
El primer asunto lo trató el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien explicó en una entrevista
publicada esta misma semana por el diario La Razón que uno de los objetivos de
este 2014 recién iniciado en la puesta en marcha del Pacto Nacional sobre el
Agua. Arias Cañete explicó en esa misma entrevista que no se estudiarán los
posibles trasvases que se puedan hacer entre las diferentes cuencas "hasta
que no esté cerrado el último plan hidrológico y constatado el grado de
consenso que necesita el Pacto Nacional del Agua". Ese proceso tendría que
culminar un Plan Hidrológico Nacional antes de que acabe la legislatura, en
algo menos de dos años.
En este sentido, el memorándum del Tajo es, para el
Gobierno, el primer paso para poder cerrar ese pacto, aún con las fuertes
críticas de la oposición política. Fue una de las últimas noticias de 2013 en
este ámbito. Las cinco comunidades autónomas dependientes de esta cuenca
(Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Murcia y Comunidad
Valenciana, todas ellas gobernadas por el PP), firmaron el acuerdo, que entre
otras cuestiones fija una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de
cabecera por debajo del cual no se autorizan trasvases y el establecimiento de
una serie de modificaciones en el régimen sancionador. El secretario de Estado
de Cambio Climático, Federico Ramos, no dudó en calificar este pacto de
"histórico" y se mostró convencido de que debe ser "germen,
embrión y ejemplo a seguir" para el futuro Pacto Nacional.
En cuanto a lo que se refiere a la Ley de Aguas, cuyo texto
data de 2001, no hay todavía un compromiso firme, pero el secretario de Estado
de Medio Ambiente, Federico Ramos, abrió el año con una entrevista concedida a
Europa Press en la que apunto que "posiblemente habrá que tocar" el
texto legislativo en algún momento dentro de los doce meses. El objetivo de la
reforma sería vincular abastecimiento a depuración, ya que la Unión Europea
quiere que el total del agua utilizada sea depurada. "Aunque no sean las
obras más lucidas y bonitas de inaugurar", dijo, su departamento está
haciendo un gran esfuerzo presupuestario para licitar depuradoras.
Para 2014, el presupuesto del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente crece un 3,4 por ciento con respecto al año
recién finalizado, hasta alcanzar los 9.810 millones de euros. Uno de los
aspectos que destacó el Departamento cuando se conocieron las cifras, en el mes
de octubre, fue el aumento del 32 por ciento el dinero dedicado a las
infraestructuras hidráulicas, con el que se pretende, entre otros objetivos,
mantener "el impulso de infraestructuras de depuración". Entre 2008 y
2012, según un informe realizado por DBK y publicado en marzo de 2013, se
abrieron 500 plantas depuradoras.
En este mismo informe se detalla que la depuración de aguas
en España generó un volumen de negocio de 1.100 millones de euros en 2012. La
capacidad de procesamiento ascendió en ese año hasta los 5.270 hectómetros
cúbicos. DBK destaca que hay grandes grupos privados que "tienden a ganar
participación en el ciclo integral del agua" por la "creciente
externalización del servicio" por parte de las administraciones públicas y
que "la contención de la inversión pública" limitará por un lado el
desarrollo del sector y por otro "impulsará las iniciativas de
colaboración" con el sector privado".
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