miércoles, 24 de diciembre de 2014

Burgos, San Sebastián y Las Palmas tienen la mejor agua del grifo y Palencia la más barata


La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un informe sobre el agua del grifo en España, que ha publicado en el número 397 de su revista OCU - Compra Maestra, correspondiente al pasado mes de noviembre de 2014. Y el resultado es muy satisfactorio: España cuenta con una calidad de agua del grifo más que aceptable, “ha ido mejorando más y más con el paso del tiempo” y se puede usar y consumir con todas las garantías. Esta es la principal conclusión de un estudio que se basa en muestras recogidas en el mes de mayo en 62 municipios, las 50 capitales de provincia y otras doce localidades de mediano y pequeño tamaño, “donde los sistemas de distribución y tratamiento suelen ser más precarios y la ley requiere menos controles”.

El estudio destaca tres capitales como las que tienen el agua de mayor calidad. Se trata de Burgos, San Sebastián y Las Palmas, que consiguen una evaluación sobresaliente en todos los aspectos del estudio. Así, la OCU ha evaluado el precio, las características de mineralización y de dureza, los contaminantes (metales, nitratos, trihalometanos y plaguicidas) y las condiciones de higiene (turbidez y microbiología). La capital castellana sobresale en todos los aspectos, mientras que la guipuzcoana y la canaria bajan un escalón en mineralización y metales. Burgos y San Sebastián comparten además uno de los precios más bajos del agua corriente de todas las capitales españolas, mientras que en el caso de Las Palmas destaca su calidad por su condición insular, ya que la ausencia de fuentes de agua dulce suele menoscabar los resultados generales de localizaciones de este tipo.

Valorando muy positivamente la calidad general del agua española, la OCU sitúa en el lado opuesto del informe a cinco capitales que sí tienen alguna deficiencia. Se trata de Palma (nitratos), Ciudad Real (trihalometanos), Huelva, Barcelona y Logroño (contaminación en forma de aerobios o coliformes). “La presencia de microbios suele revelar una deficiente desinfección del agua en la red, pero también puede ser consecuencia de un mal mantenimiento de las instalaciones del edificio (depósitos, recodos o los mismos grifos)”, explica la organización. Ciudad Real es probablemente la capital que se lleva los reproches más duros, porque sólo ésta se aproxima a los niveles de trihalometanos que harían que el agua dejara de ser apta para el consumo humano. “Este municipio superó el límite en 2002 y 2005, algo que se podría evitar con sencillas medidas en las plantas de tratamiento”, añade el informe.

La OCU hace mucho hincapié en los beneficios de consumir agua del grifo en lugar de la embotellada, y además de la calidad incide con fuerza en los efectos medioambientales (el consumo del agua embotellada “supone aumentar de forma notable el volumen de desperdicios”) y en su precio como principales argumentos. Así,  considera que beber agua del grifo es 150 veces más barato que consumirla embotellada. Usando como baremo el consumo medio de un hogar de cuatro personas (175 metros cúbicos anuales) con las tarifas de octubre de 2014, la capital con el precio más barato para su agua es Palencia, con 145 euros. Le siguen Guadalajara (158), Orense (162), Soria (168), Ávila (188), Lugo (198) y Burgos y San Sebastián empatan con 202 euros, demostrando que su excelsa calidad no está reñida con un coste asumible para las familias.

El informe se complementa con una serie de exigencias de la OCU para “mejorar aún más la calidad del agua y, a la vez, la percepción de los ciudadanos sobre ella” que fomente su consumo. Así, la organización propone “establecer unos criterios mínimos de calidad del servicio” para que estos no queden a criterio de cada empresa encargada del mantenimiento de la infraestructuras o de atención al cliente; “desligar la gestión del agua de la agenda política y acordar una estrategia común a largo plazo”; “implantar una gestión transparente” para que haya una mayor participación ciudadana en el acceso a la información y a la toma de decisiones; e “implantar una estructura de tarifas clara” que incentive el ahorro de agua.