El diario El País publicó el pasado día 17 un artículo en el
que analizaba con una investigación propia la situación de los ríos españoles
con respecto a lo marcado por la Unión Europea en el año 2000 en la Directiva
Marco del Agua como objetivo para 2015. Y el balance no es nada positivo y pone a España entre los países peor colocados en esta materia. Así, casi
la mitad de las aguas de nuestro país, el 45 por ciento de las superficiales y
el 40 por ciento de las subterráneas, están por debajo del buen estado de
calidad que se marcó en dicha Directiva. En este sentido, es obligado recordar
que los planes de cuenca los finalizó el Gobierno en julio de este mismo 2014,
con la aprobación de los de las cuencas del Júcar y el Segura, nada menos que
con cuatro años de retraso.
La Directiva europea, según recuerda El País, se aprobó tras
años de discusiones y con el objetivo de que los ríos europeos mantuvieran su
calidad para evitar las graves consecuencias económicas y medioambientales que
tendría su deterioro. Con este texto, la Comisión Europea pide continuamente a
los países miembros de la UE que fije estándares elevados de calidad para todas
sus masas de agua, sean ríos, lagos o embalses, teniendo en cuenta su estado químico,
es decir, los contaminantes, y el ecológico, que afecta a la flora y a la fauna
de la zona. En lo que se refiere a las aguas subterráneas, lo que se mide para
evaluar la calidad es la contaminación y si se extrae más cantidad de agua de la
que se renueva.
España no se encuentra en una buena situación para cumplir
los objetivos de la Directiva y no se espera que la mayoría de las aguas que,
según los datos obtenidos para el artículo (que datan de 2012 y 2013), puedan
estar en las condiciones exigidas para 2015. En este sentido, la directora
general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Liana Ardiles, aseguró el pasado día 1 en el seminario 'El agua como recurso económico' de los
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que España necesita nada menos
que 9.000 millones de euros para solucionar los problemas en materia de
saneamiento y depuración. El Estado, según dijo, no puede asumir esa inversión
y, de hecho, sólo tiene prevista una de 1.400 millones, de los que la mitad
proceden de Fondos Europeos.
Ardiles profundizó en la situación futura de las
obligaciones de España pidiendo una revisión de la Directiva, que el Ministerio
cree que se discutirá durante los próximos cuatro años, con un objetivo claro: "la
foto tiene que adecuarse a lo que realmente podemos cumplir". La Directiva
aprobada en el año 2000 ya contemplaba que los estados miembros pudieran
solicitar moratorias hasta 2021 o incluso 2027 si existían dificultades técnicas,
económicas o naturales que aconsejen ese retraso, siempre con justificaciones exhaustivas
por parte de los solicitantes. Incluso podría haber exenciones totales si se
entiende que en ese horizonte hasta 2027 es imposible alcanzar los estándares
de calidad exigidos. Y España cuenta en este momento con hasta 136 puntos en los que
entiende que será imposible conseguir ese buen estado antes del año 2027.
Hay tres grandes problemas. Primero, la insuficiente depuración
de las aguas residuales, algo que amenaza con recibir sanciones desde Europa
y por lo que el Gobierno ha anunciado la próxima construcción de 400 depuradoras, con una inversión de entre 1.100 y 1.400 millones de euros. Por
otro, la contaminación difusa, procedente de grandes zonas de suelo de cultivo
o ganadero, algo que se agrava con los obstáculos artificiales en los ríos,
algo que en nuestro país abunda, con más de 1.231 grandes presas y más de 8.000
pequeños obstáculos que se encuentran obsoletos o incluso abandonados. Y,
finalmente, las refriegas políticas. El actual Gobierno, del PP, culpa del
retraso a su predecesor, del PSOE, pero la falta de acuerdos en las legislaturas
anteriores fue precisamente por enfrentamientos de color político entre
comunidades autónomas. Si el diagnóstico parece claro, el futuro parece
imposible de anticipar. Los próximos años serán decisivos y la nueva Directiva
europea clave para mejorar la calidad de las aguas españolas.
El artículo completo de El País puede leerse en este enlace.
